Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).– El supuesto espionaje al que el Gobierno federal somete a sus detractores abrió ayer un nuevo capitulo: los precandidatos presidenciales más fuertes en la carrera hacia el próximo 1 de julio, y que pertenecen a partidos de la oposición, acusaron ser víctimas de vigilancia del Estado mexicano. Tanto Andrés Manuel López Obrador como Ricardo Anaya Cortés denunciaron, en las últimas dos semanas, que son espiados por el Cisen, a cargo del cuestionado abogado Alberto Bazbaz Sacal. El precandidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dijo que él y toda su familia eran vigilados con el fin de obtener información para dañar su imagen y que ya hay expedientes al respecto.  Y ayer, el representante de la coalición “Por México al Frente”, conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) difundió un video en el que increpa al chofer de una camioneta que lo seguía. El hombre se identificó de manera inmediata como un agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y argumentó que andaba “comisionado” para evitar que Anaya Cortés tuviera algún problema.

Tras la denuncia del panista, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida, confirmó que el empleado del órgano de inteligencia iba a bordo de un vehículo oficial y que realizaba funciones de seguimiento al precandidato panista y a la campañas, pero agregó que “el Cisen tendrá que realizar una investigación interna para saber exactamente qué ocurrió”. “No se trata de un caso ni de espionaje, ni de espionaje a opositores, ni de medidas de carácter clandestino. Creo, incluso, que la forma en que se presenta esta persona, pues si fuera el caso de un espionaje clandestino sería bastante burda”, sostuvo.

En una image de marzo de 2010, Enrique Pena Nieto, entonces Gobernador del Estado de México, es acompañado de Alberto Bazbaz, quien en ese tiempo era Procurador de la entidad. Foto: Saul López, Cuartoscuro

Formalmente, el Cisen “es un órgano de inteligencia civil al servicio del Estado Mexicano cuyo propósito es generar inteligencia estratégica, táctica y operativa que permita preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, dar sustento a la gobernabilidad y fortalecer al Estado de Derecho”.

Y su papel consiste “en alertar y proponer medidas de prevención, disuasión, contención y neutralización de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía, al orden constitucional, las libertades e instituciones democráticas de la población mexicana, así como el desarrollo económico, social y político del país”.

Pero en los hechos, activistas y políticos han acusado que la función de este y otros órganos tienen un uso político e incluso es un medio para amedrentar a quienes disienten con las ideas de la actual administración federal.

Hace apenas ocho meses, el Gobierno federal fue acusado de espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas, una denuncia que alcanzó dimensiones internacionales luego de que el diario The New York Timesdifundiera al detalle el informe “Gobierno Espía: Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos”.

De acuerdo con el informe elaborado por las organizaciones Artículo 19, R3D y Social TIC, con asesoría técnica de Citizen Lab de Canadá, entre enero de 2015 y julio de 2016 se registró una serie de ataques contra periodistas y activistas mexicanos través del malware “Pegasus”. A estos se sumaron los 12 intentos registrados en contra de científicos y activistas de la Alianza por la Salud Alimentaria.

Según decenas de mensajes examinados por analistas forenses independientes, el software utilizado sólo pudo comprarlo el Estado mexicano, al ser el único autorizado para comprar y usar el software “Pegasus” de espionaje de NSO Group, que en teoría sólo debe ser usado para investigar a criminales y terroristas.

Dos casos en un mismo año, coincidieron representantes de organizaciones civiles, debe forzar al Gobierno federal a transparentar tanto los recursos de los organismos de inteligencia, así como sus prácticas.

CONTRA OPOSITORES, NO CONTRA CRIMINALES

Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, dijo en entrevista con SinEmbargo que al parecer los instrumentos de espionaje del Estado son utilizados de manera arbitraria y sin controles en contra de personas que no son criminales, que son opositores al partido en el poder. “Esto preocupa porque de acuerdo a las normas que avalan la actividad de inteligencia, ésta solamente puede ser utilizada para contrarrestar un estado de inseguridad y para realmente identificar a los criminales o personas que están yendo en contra de la seguridad nacional. Hay que tomar en cuenta también que, de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se considera que el periodo electoral es un periodo en el que particularmente se tiene que proteger el discurso y en esa medida el Estado tiene que dar las garantías de libertad de expresión e información, que al final terminan siendo mermadas con estos mecanismos de espionaje e intimidación”, sostuvo la especialista.

Con ella coincidió, Alejandro Calvillo Unna, director de El Poder del Consumidor y otro de los afectados por el espionaje con el malware israelí.

“Es evidente es que se trata de una práctica cada vez más recurrente hacia lo que se considera una amenaza a sus intereses y a sus aliados,”, dijo Calvillo Unna.

Ruelas comentó que los casos denunciados el año pasado y los de los precandidatos no pueden considerarse iguales, ya que en lo referente a los precandidatos se trata de personas de interés público, y los otros son periodistas y defensores de derechos humanos, que no son personas de interés público y por lo tanto no tienen que rendir cuentas, por lo que se debe insistir en tener controles para hacer uso de esas herramientas. “Necesitamos tener la certeza de que el presupuesto que está ejerciendo el Cisen lo está ejerciendo para que nosotros nos sintamos seguros, no para tratar de acallar las voces de las personas críticas al poder con prácticas autoritarias, eso es lo más importante. Para ejercer esos controles se necesita rendir cuentas para que esos mecanismos de inteligencia que ejerce den como resultado sanciones efectivas en contra de aquellos funcionarios públicos que fuera de la Ley están tratando de recabar información de personas críticas”, agregó.

“En este caso el agente del Cisen dijo que era por su seguridad, pero primero se tuvo que ir con los precandidatos y preguntarles si quieren seguridad o no. Y que sean ellos los que decidan. En nuestro caso hubo una investigación que demostró que habíamos recibido un programa de espionaje en nuestro teléfono, que es más invasivo que sólo seguir a una persona. Lo denunciamos formalmente en la Procuraduría General de la República (PGR) pero la investigación no avanza. Los abogados nos dicen que las carpetas de investigación no tienen ningún avance, no quieren tocar el tema. La estructura ha permitido todo este abuso y no se ha hecho nada”, expuso Calvillo.

NO ES INTELIGENCIA, ES ESPIONAJE

Para el General José Francisco Gallardo, históricamente el Cisen ha sido un sistema de espionaje que tiene por objeto vigilar a la disidencia política. “Cualquier persona que no sea del Gobierno federal, o incluso del mismo gobierno, son espiados. Esa situación es lamentable porque un sistema de inteligencia como el que se supone que es el Cisen, en un sistema democrático no debe espiar a los ciudadanos, a ninguno […] El Cisen no es una institución de inteligencia, sino de espionaje. Esta persona se declara abiertamente del Cisen entonces se convierte en una práctica intimidatoria”, comentó en entrevista y agregó que se trata de una situación lamentable y más en época electoral. El General Gallardo ha sufrido en carne propia el peso del Estado contra los opositores. En 1993, fue ingresado al Campo Militar número 1, acusado de enriquecimiento ilícito, malversación de fondos y destrucción de archivos del Ejército. Y en 1998, fue sentenciado por un consejo de guerra a catorce años de prisión. Un mes antes, el General había publicado el texto “La necesidad de un Ombudsman Militar en México” en la revista Fórum. En prisión fue víctima de la tortura y sostiene que la verdadera causa de su encarcelamiento fue su propuesta para la existencia de un ombudsman en el Ejército. Fue liberado en 2002. Finalmente, Ana Cristina Ruelas insistió en que se debe pedir una rendición de cuentas porque se necesita saber qué están haciendo y por qué y generar sanciones para quien lo esté haciendo fuera de la Ley. “Un sistema de inteligencia tiene por objeto actuar en el sigilo y cuando tenga información de una persona, ésta debe estar reservada; porque si es un aparato de inteligencia, la información sirve para tomar decisiones, pero justo cuando se transforma en inteligencia. En México se debe cambiar el sistema de espionaje por un sistema de inteligencia de Estado, en donde estén estos órganos de investigación y de recolección de información bajo un control del Congreso, bajo la supervisión de instituciones de carácter jurídico e incluso de la misma rama Ejecutiva”, concluyó el General Gallardo./sin embargo.mx